Para introducir el tema
deberíamos hacernos dos preguntas: ¿qué se entiende por trabajo
decente? ¿Podemos afirmar que el trabajo en España tiene esas
características?
A la primera
contestaríamos que estamos hablando de un trabajo estable y con
derechos.
No cabe duda de que la
estabilidad del trabajo puede tener dificultades en algunos sectores:
hostelería en periodo vacacional, trabajo en el campo según
temporada, helados en verano o polvorones en invierno,…, pero para
dar estabilidad ya se inventó el trabajo fijo-discontinuo.
Lo que se va olvidando es
el concepto de causalidad en el empleo: será el tipo de trabajo a
desarrollar el que determine las características de la contratación.
Lo que se produce es lo
contrario: la utilización de las múltiples modalidades de trabajo
temporal que permite la legislación española ha conllevado el abuso
de esas modalidades de contratación de manera que más del 80% de
los contratos que se realizan en España se hacen en base a alguna de
ellas: lo que debería ser excepcional se ha convertido en norma.
Derechos que, con la ley
en la mano, refuerzan esa dignidad, y que abarcan desde un salario
razonable por una jornada –teóricamente 40 horas semanales como
máximo- en unas condiciones de seguridad exigibles por ley.
Sin embargo, si
analizamos la realidad española veremos que los salarios que se
pagan son inferiores a los que marcan el convenio, las jornadas se
prolongan interminablemente y las medidas de prevención se obvian
con la frase sempiterna: el trabajo hay que sacarlo sea como sea.
Tenemos la mejor
legislación en prevención de la Unión Europea y somos el país con
mayor accidentabilidad.
Indudablemente, siempre
se puede denunciar.
Pero eso es complicado en
un país en el que existe un abundante ejército de reserva, con
millones de trabajadores en situación de desempleo dispuestos a
realizar ese trabajo en condiciones ínfimas, y con una legislación
que permite el despido libre.
¿Libre? Bueno, no del
todo. El problema es que los empresarios dicen que les resulta caro.
Y eso que en los últimos años se ha abaratado desde los 45 días a
los 20 por año trabajado en la mayoría de los casos.
Quizás la mayoría
desconozcamos que si un juez de lo social determina que el despido es
improcedente, o sea que no procede, corresponde el empresario decidir
si readmite al trabajador que ha osado denunciar o dejarlo en la
calle con la indemnización que haya marcado el magistrado.
¿Y la Inspección de
trabajo? Existir, existe. Pero llega a donde puede. Como dato
podríamos apuntar que en países de nuestro entorno la proporción
de inspectores es de 5 a 1, en perjuicio de nuestro país.
¿Y los sindicatos? Poco
pueden hacer en un país en el que la afiliación no llega al 20% de
la población activa, y en la que muchas de las posibles denuncias,
especialmente las reclamaciones de cantidad, las tiene que firmar el
trabajador afectado.
Recuperar la dignidad,
conocer nuestros derechos, organizarnos en sindicatos de clase,
aumentar la plantilla de inspectores de trabajo, endurecer las penas
para los empresarios incumplidores de la ley, derogar la reforma
laboral, son sólo alguno de los pasos que se deben dar en España
para que, efectivamente, vayamos avanzando en la consecución de ese
trabajo decente (digno) que se reclama el 7 de octubre
y que, de hecho, está tan lejos de conseguirse. Desde Alternativa
Republicana, como defensores de las libertades y los
derechos laborales arrancados tras largos años de lucha de
trabajadores y trabajadoras intentamos cada día poner nuestro grano
de arena en la conquista de la dignidad en el empleo.
Miércoles 7 de octubre. Hay que impedirlo
¡Movilízate!
¡Viva la República!
¡Viva la República!
Rafael Luna
Sec. General de Alternativa Republicana
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