jueves, 19 de diciembre de 2013

La anciana con alzheimer amenazada por un desahucio en El Tardón abandona su casa

Es 19 de diciembre y hace mucho frío. Al filo de las once está previsto el desahucio de Luisa, la mujer de 85 años enferma de alzheimer que vive con su hijo Enrique en la torre 9 de la calle Manzanares, en la trianera barriada del Carmen. Es el segundo intento, tras otro fallido realizado el pasado mes de de noviembre.

Desde algo más de una hora antes varias decenas de integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y del movimiento por la vivienda de Sevilla están concentrados ante el portal. Esgrimen pancartas con eslóganes que se han convertido en clásicos en cualquier acción de este tipo. La mañana está desoladora y el cielo plomizo cerrado amenaza lluvia inminente.



Pasadas las once y media la policía hace acto de presencia con un elevado número de efectivos ataviados como para una batalla campal. Pôrtan pasamontañas, cascos y porras y traen orden de ejecutar el desalojo. Las ventanas de la vivienda de Luisa se convierten en atalayas desde las que los periodistas filman planos privilegiados para no perder detalle.

Al principio, el mando al cargo de la operación habla con los concentrados y pide tranquilidad, porque viene un forense que va a evaluar el estado de la anciana. Juan de Trinidad, de la Asociación de Abogados Independientes de Sevilla, media con la policía al encontrarse ausente el abogado de oficio asignado. Juan aduce un defecto de forma ante la comisión judicial que se ha personado con la orden. La intención es trasladar a Luisa en ambulancia. De Trinidad aduce que en la ejecución de la hipoteca hay cláusulas abusivas y que sacar así a “una señora mayor es inhumano”. Lo único que necesitan es un poco de más tiempo para que la Consejería les consiga la vivienda social que les ha prometido.

Cati Real es una activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Sevilla. Desde el día anterior ha gestionado con Asuntos Sociales el traslado de Luisa en ambulancia a la Residencia de Personas Mayores de Gestión Pública Montequinto, propiedad de la Junta de Andalucía. Según cuenta, las residencias están en un bajo porcentaje de ocupación, “están vacías y la de Montequinto tiene el 85% de disponibilidad”. Cati achaca el problema a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, que es “la que tiene que moverse, dar las órdenes, coger un teléfono y mandar una ambulancia”. En la UTS del Ayuntamiento en el barrio le han dicho que no hay plazas.

Mientras tanto, en la entrada del bloque la tensión aumenta por momentos, sobre todo cuando quien está al mando ordena a sus subordinados abrir un cordón que permita el libre acceso de los agentes a la entrada del edificio. Gritos, forcejeos, algún que otro golpe y el cristal de la puerta de entrada que salta por los aires. Las personas concentradas comienzan a corear consignas contra los agentes.

Hay varios manifestantes lesionados. Una mujer ha de ser evacuada hasta el banco situado en la plaza colindante porque empieza a sentir mareos. Un policía la ha empujado y en la caída se ha golpeado con un macetón enorme. Luego le ha caído encima otro policía que ha perdido el equilibrio durante el forcejeo. En el banco de hierro la cubren con abrigos y chamarretas hasta que llega la ambulancia que la traslada al hospital. La lluvia comienza a caer sobre Triana en ese momento, primero casi tímida para ir arreciando después.

En la vivienda, Enrique y varios activistas ve derrumbadas sus esperanzas de que el defecto de forma paralice el desalojo. De Trinidad les comunica que se va a producir y que lo mejor es que resistan dentro. El forense llama a la puerta acompañado de la policía. Enrique se niega a franquearle el paso si no entra solo. El funcionario le advierte de que si él se va derribarán la puerta. El inquilino accede y tras un leve forcejeo permite que el galeno reconozca a su madre.

Gloria Suárez, representante de la Consejería de Fomento y Vivienda afirma que Luisa tiene una plaza solicitada en la residencia de mayores de Montequinto, pero que “dicho centro está a la espera de la orden de la UTS del Ayuntamiento y que sin ella la residencia no tramita el traslado”. Choque de trenes burocráticos.

Mientras tanto, la policía ya se ha hecho con el control de la situación y tiene bajo su custodia el acceso al edificio. La gente continúa gritando consignas dirigidas a los agentes del orden y cuatro de ellos se acercan a uno de los concentrados y se lo lleva aparte, a una esquina del mismo bloque de viviendas. Lo identifican y le hacen vaciar los bolsillos. Después de unos minutos lo conducen a un patrullero y se lo llevan detenido.

José Manuel Fernández Iglesias, de la consejería de Fomento y Vivienda, asegura que se “han enterado hoy del desahucio y la consejera nos ha mandado aquí”. Sostiene que han hablado con el juzgado y con la empresa financiera, y que ha sido imposible llegar a ningún acuerdo. “Han aducido que nos veremos en el juzgado y no han querido hacer declaraciones” afirma.  Fernández se lamenta de que esta mujer no haya ido a informarse a la Oficina de Intermediación y Vivienda, aunque reconoce que “en las circunstancias en las que está, es complicado que sea ella la que haga el trámite”.

La tensión vuelve a dispararse cuando hace acto de presencia el cerrajero enviado por el juzgado, que tiene que ser custodiado por la policía para poder entrar en el edificio. Pocos minutos después uno de los miembros de la PAH que se encontraba en el interior aparece custodiado por media docena de agentes. Está detenido y lo conducen hasta otro patrullero. Esta vez apenas hay protestas. El activista se ha dirigido a los concentrados desde un balcón antes de salir y les ha pedido que no quiere que haya altercados por su detención.

Media hora después, la comisión judicial abandona el bloque escoltada por la policía y bajo el griterío de los congregados. La trasladan rodeada por una columna de guardias pretorianos ataviados de azul oscuro para que puedan abandonar el lugar sin altercados. La gente no quiere moverse de donde está. Los gritos de ¡sí se puede! se intensifican. Antes de abandonar el lugar, la comisión judicial charla con el agente al mando y minutos después comienza a correrse el rumor de que el desalojo se ha paralizado de nuevo.

El jolgorio se apodera de los presentes ya bajo una persistente lluvia. Los agentes de la policía han desaparecido de las inmediaciones como por ensalmo. Sólo la imagen de Luisa subiendo en camilla a la ambulancia que la va a trasladar a la residencia de mayores de Montequinto consigue que despejen la zona. Muchos de los vecinos y vecinas del bloque se ven incapaces de contener las lágrimas cuando ven a la anciana partir. Arriba, su hijo Enrique también lo hace acompañado de los pocos periodistas que aún permanecen en el lugar.



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